Ninguna explicación puede servir para justificar los atropellos que se siguen cometiendo (hoy en Formosa y siempre allí y en tantos otros lugares del país) contra los pueblos originarios, la violación de sus derechos (los ancestrales y los reconocidos por las leyes argentinas), las injusticias y la muerte. Más allá de las declaraciones, Argentina carece de una política de Estado destinada a garantizar de forma concreta y fehaciente la vida, primero; la calidad de vida, después; la cultura y la dignidad, al mismo tiempo, y los derechos humanos, de manera esencial, de las comunidades originarias.
Lo ocurrido en Formosa –con su saldo de muerte– no es más que la punta del iceberg de una realidad tan injusta como escandalosa, que no sólo atañe a la comunidad qom y a la provincia norteña, sino que se repite con otros pueblos y en distintas provincias. Es cierto que será difícil igualar el nivel de abusos del gobernador Gildo Insfrán. También su cuota de cinismo para declarar pretendiendo deslindar responsabilidades en hechos en los que está clara y directamente implicado.
Pero es también cínico y hasta perverso querer circunscribir a la provincia de Formosa las violaciones de las que son víctimas los pueblos originarios. Ocurre de manera similar en otras partes del país. Porque los derechos indígenas (que son ancestrales y también son “humanos”) se cruzan con intereses económicos, vinculados a la tenencia y la explotación de la tierra, al desmonte para el cultivo irracional, a la minería que arrasa y genera nuevos desiertos.
Leer más: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-157955-2010-12-03.htmlGentileza: Prof. Mónica Parada.
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