La lucha contra las prácticas discriminatorias en todas sus formas va encontrando eco favorable en el mundo, en virtud de las abundantes campañas de difusión que se ponen en marcha para promover los derechos igualitarios de las personas, como así también por la oportuna toma de conciencia de los ciudadanos.
Pero queda todavía mucho camino por recorrer en esta batalla por erradicar ciertas conductas intolerantes que afectan de manera particular a las personas que sufren alguna discapacidad física o que son rechazadas por razones étnicas, de religión o de género, entre muchas otras.
El interventor del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Pedro Mouratian, ponderó ciertos cambios sociales que se consolidaron durante los últimos años, aunque advirtió que hay paradigmas que deben ser modificados en dirección a una sociedad más diversificada y menos discriminadora.
Durante una visita a Córdoba, el funcionario coincidió con un diagnóstico que duele y llama a la reflexión: dijo que, según el Mapa Nacional de la Discriminación elaborado por el Inadi en colaboración con 27 universidades nacionales, el 85 por ciento de los ciudadanos considera que el nivel de discriminación en la Argentina es “mucho” o “bastante”. Y puso en foco a la discapacidad.
“Entendemos que la discapacidad, en realidad, la construye la sociedad cuando pone barreras para que una persona no pueda tener accesos como cualquier otra”, planteó Mouratian. Una definición a tono con los antecedentes nefastos que dan cuenta de jóvenes que fueron rechazados de boliches por presentar alguna discapacidad; como la chica que terminó humillada por sufrir una enfermedad congénita que causa obesidad.
De todas maneras, como señala el titular del Inadi, resulta auspicioso el avance que se ha producido en el reconocimiento de derechos a sectores históricamente vulnerados, un factor clave que tiene derivaciones en ámbitos laborales, de la educación y la cultura, entre otros. Es decir, igualdad de oportunidades para todos.
Más allá de la toma de conciencia social, también los poderes públicos del Estado deben contribuir a encarar esta lucha. No se entiende, al respecto, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba no tenga un representante ante el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, según denunció Mouratian. Entre otras actividades, ese organismo interdisciplinario elabora programas de trabajo con las escuelas a fin de que los alumnos se involucren en el tema, presentando proyectos contra la discriminación.
Hay que cortar de raíz la costumbre de rechazar la sana convivencia entre mayorías y minorías y sancionar a los responsables de violar las normas, ya sea en un boliche o en un estadio de fútbol, otro campo fértil para los inadaptados que levantan banderas discriminatorias cobijados en una dudosa simpatía deportiva.
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