En estos días por la difusión que han brindado los medios de comunicación tomó estado público la agresión a un docente por parte de una madre de una alumna, sin embargo esta situación de agresión física y/o psicológica no es la primera y lamentablemente creemos que no será la última. La sociedad en general no se entera de las constantes agresiones físicas y/o amenazas e insultos a los que se ven sometidos los docentes de la Provincia de Bs. As. cotidianamente. En la mayoría de los casos los hechos se pierden y se ocultan en los vericuetos burocráticos del sistema, que con el supuesto argumento de la inclusión, no actúa frente a las agresiones violentas que sufren los trabajadores de la EDUCACIÓN.
Lejos de solucionar esta problemática la DGC y E y el Gobernador de la Provincia están a punto de firmar un nuevo Reglamento para las Escuelas Públicas, que entendemos agravará estas situaciones, ya que el mencionado cuerpo legal no establece ningún tipo de regla clara y precisa que permita a las autoridades escolares actuar frente a estos hechos. El pretendido Reglamento General de las Escuelas Públicas, en el Art. 8 establece los derechos de los alumnos señalando expresamente en el inc.c. que “los niños deben ser protegidos contra toda agresión física psicológica o moral”, norma que es precisa, sin embargo no existe en todo el reglamento una sola mención acerca de la protección a los docentes en el mismo sentido.
Reglamento de manera confusa y ambigua establece que las cuestiones vinculadas con los problemas de conducta de los alumnos deben dirimirse por medio de los Acuerdos Institucionales de Convivencia (Capítulo con sólo cuatro artículos), fijando que las “sanciones que estos acuerdos establezcan estarán supeditadas a la obligatoriedad de la educación, la protección integral de los derechos reconocidos a niños y adolescentes”.
El Estado como garante de la integridad de las personas debe establecer normas que de manera taxativa y precisa fijen procedimientos para las situaciones de violencia, no basta con hablar de inclusión y delegar en los docentes, que además de enseñar a sus alumnos deben convertirse en profesionales psicológicos, legisladores, sociólogos, enfermeros, etc. Es el Estado Provincial el que debe hacerse cargo de su función legislativa y dictar reglamentos imperativos que tiendan a solucionar todos los problemas que se padecen en nuestras escuelas.
Si el Estado provincial no toma en serio e insiste con la ambigüedad de delegar en los docentes la solución de todos los problemas escolares, las situaciones de conflicto se profundizan día a día al no existir un marco regulativo que las dirima.
Udocba viene planteando la necesidad de generar normas claras que garanticen los derechos laborales de los docentes para que los mismos no queden inermes frente a actos de violencia que van en aumento y que cada vez son más graves.
Por todo esto, Sr. Gobernador, el Decreto que Ud. va a firmar agrava la desorganización de las escuelas…!!!
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